SAN JUAN - Un jurado exoneró el jueves a los dos acusados en el primer juicio federal en Puerto Rico que contemplaba la pena de muerte, un castigo que fue abolido hacía 75 años en el territorio asociado estadounidense, pero que está vigente según la legislación norteamericana.

Joel Rivera Alejandro y Héctor Acosta Martínez estaban acusados por su supuesta participación en el secuestro y asesinato del comerciante Jorge Hernández Díaz en febrero de 1998.

Cuando el jurado emitió su veredicto de no culpabilidad la tarde del jueves, los acusados miraron al cielo y abrazaron a sus abogados.

Sin embargo, permanecerían encarcelados en el Centro Metropolitano de Detenciones de Guaynabo, hasta la mañana del viernes, por razones que de inmediato no resultaron claras.

Al escuchar el veredicto, los familiares de los acusados estuvieron a punto de llorar de felicidad, pero se contuvieron hasta salir del tribunal, porque el juez Héctor Laffitte había advertido que debían controlar sus emociones.

"El jurado demostró que aquí no se quiere la pena de muerte", dijo Héctor Deliz, abogado de Acosta Martínez.

Acosta Martínez, de 25 años, y Rivera Alejandro, de 32, estuvieron encarcelados por más de cuatro años cada uno.

El fiscal Jorge Vega Pacheco, por su parte, sostuvo que "como fiscales aceptamos siempre el veredicto del pueblo".

"La función del fiscal termina cuando presenta toda la prueba y el pueblo habló a través de la decisión del jurado", dijo Vega Pacheco.

El otro abogado de Acosta Martínez, el estadounidense William Matthewman, censuró mientras tanto los intentos de los fiscales por lograr que los presuntos culpables fueran ejecutados, conforme los reglamentos federales.

"Esto fue un capricho para matar a una persona", sostuvo Matthewman.

El abogado apuntó también que la imposición de la pena de muerte es ajena a la idiosincrasia puertorriqueña.

"La pena de muerte no pertenece a Puerto Rico. Es como derramar petróleo en sus bellas playas", sentenció.

La Constitución puertorriqueña no considera la pena de muerte, pero las leyes estadounidenses si lo hacen, por lo que los fiscales federales consideraron su aplicación en el caso, por primera vez desde que una ley de 1994 amplió el alcance de la pena capital.

"Estaba confiada. Como dijo la mamá de Joel, dimos muchas rodillas en las iglesias y recibimos mucho apoyo... No se debe aplicar la pena de muerte en el país", dijo Rebeca Martínez, madre de Acosta Martínez.

Por su parte, la madre de Rivera Alejandro, Dolores Alejandro, también dijo que siempre creyó en la inocencia de su vástago.

"Nosotros tenemos un abogado allá arriba que nunca falla. Esa es mi expresión, que Dios es bueno. Había un pueblo grande orando por él", dijo.

En tanto, Rafael Castro Lang, abogado de Rivera Alejandro, opinó que la fiscalía federal debió haber ponderado con más cuidado la aplicación de la pena de muertes en este caso.

"No entiendo cómo ellos sometieron a estas personas a ese riesgo, con una prueba tan desconfiable", sostuvo Castro Lang a su salida del tribunal.

Acosta Martínez enfrentaba tres acusaciones por interferir con el comercio interestatal, utilizar un arma de fuego para cometer un crimen federal y participar en el asesinato de Hernández Díaz.

Rivera Alejandro enfrentaba los mismos cargos y otro adicional por amenaza.

Grupos activistas de derechos civiles expresaron una ferviente oposición a la mera posibilidad de que se aplicara la pena capital en Puerto Rico. La última vez que ello ocurrió fue en 1927.